Suena extraño que los sectores que tanto criticaron el enfoque de seguridad del gobierno de Felipe Calderón basado en la persecución de cabecillas de los cárteles ahora apoyen la presión del gobierno de Barack Obama contra la decisión del presidente Peña Nieto de cambiar la estrategia hacia el contexto social.

Y extraña más que esos sectores veleidosos que tanto criticaron la cifra de muertos ahora se plieguen a las presiones de la Casa Blanca para impedir que el gobierno mexicano tome el control directo de la estrategia de seguridad que en el sexenio pasado se definía en Washington. Y que, además, esos sectores acepten las presiones de la comunidad estadunidense de seguridad nacional sembrados en el The New York Times y el The Washington Post como reportes que son más mecanismos de presión política que despachos periodísticos profesionales.

La diferencia entre México y los EU no es de matiz sino que revela posicionamientos de enfoques de seguridad nacional. El gobierno mexicano ha orientado el tema del crimen organizado en términos de seguridad interior, en tanto que Washington sigue insistiendo en la seguridad nacional y el temor de la narcoinsurgencia pero sólo con el fin de aumentar no sólo la presencia militar en México sino para tener razones de peso al exigir la conducción de la lucha por la seguridad.

La decisión del gobierno de Peña Nieto de cambiar la estrategia de seguridad de la persecución a la prevención sacudió los intereses de la comunidad de inteligencia y seguridad de los EU porque perdió la intención de seguir convirtiendo a México en una virtual base militar estadunidense hacia Centro y Sudamérica. El objetivo de los EU era el de colombianizar la estrategia de seguridad como si los narcos mexicanos fueran una copia de la narcoguerrilla de las FARC; con Bush y Obama, Washington ha convertido a Colombia en una base militar para el equilibrio geopolítico por su posición en el sur del continente y como contrapeso a la geopolítica anti estadunidense de Venezuela.

La presencia militar de los EU en México se estaba llevando ya al nivel no sólo de asesores en materia de seguridad y lucha contra bandas criminales, sino en el hecho de mandos militares estadunidenses se habían hecho cargo del entrenamiento de fuerzas de seguridad mexicanas contra el crimen organizado. El problema era que esa capacitación se daba en términos de contrainsurgencia, una doctrina de seguridad nacional de militares estadunidenses que asume a las bandas criminales como organizaciones en busca de suplantar al Estado en zonas territoriales de la república.

Lo que completaba el entrenamiento estadunidense a las fuerzas mexicanas de seguridad era también la presencia de la CIA --como se vio en el incidente violento en Tres Marías, Morelos-- y de la DEA, las dos organizadas para el espionaje político y de seguridad. A lo largo de la estrategia de Calderón, militares mexicanos fueron desplazados de las fuerzas de seguridad u obligados a asumir los enfoques contrainsurgentes de los estadunidenses. Varias veces funcionarios de Obama quisieron imponer el criterio de contrainsurgencia, pero varias veces el ejército mexicano se negó a asumir ese enfoque.

La estrategia del gobierno de Peña Nieto ve a los cárteles como bandas criminales, sin capacidad para sustituir al Estado aunque ocupando espacios institucionales del Estado pero sólo para garantizar el control territorial en zonas imprescindibles para la siembra, producción, trasiego y asentamiento de las bandas. Los asesores estadunidenses quisieron imponer su criterio de que las bandas criminales --organizadas sólo para delinquir, sin capacitación política y de gobierno y con aliados políticos, policiacos y empresariales sólo para la protección de sus actividades-- eran un riesgo para la seguridad nacional porque pretendían desplazar al gobierno y asumirse con una propuesta alternativa política.

La estrategia actual se basa en la prevención y por tanto ya no en el dominio de los enfoques de seguridad pública. Ello condujo a la decisión de ir disminuyendo la dependencia mexicana de las técnicas, enfoques y asesores militares de los EU, lo que provocó la molestia de la comunidad de seguridad nacional estadunidense

El asunto radica en el enfoque mismo de la seguridad nacional. Aun con evidencias de contrabando de droga a los EU, de la corrupción de funcionarios estadunidenses para permitir el ingreso de la droga, del aumento del consumo y del control por parte de cárteles mexicanos de los mercados al menudeo de droga en tres mil ciudades, el tema realmente no da para meterlo en el enfoque seguridad nacional porque los cárteles mexicanos están a años luz de querer sustituir al Estado estadunidense.

De todos modos, México tiene otros argumentos para parar la presión estadunidense que ha querido manipular el tema de los muertos: en Irak e Irán la invasión de los EU ha provocado la muerte de más de 200 mil civiles, de casi 250 periodistas y sólo en abril se registraron 712 muertes en Irak. Son datos que han ignorado los admiradores de Obama que en México, según Reforma, son el 54% de una encuesta, aunque en los EU la desaprobación de Obama haya aumentado de diciembre a abril de 40% a 47%.

Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento por la paz, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar directamente a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes, el Z-40 y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.